De acuerdo con nuestra Constitución Política, una de las funciones del Procurador General de la Nación, la cual puede ejercer por sí o por medio de sus delegados y agentes, consiste en intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.