Soberanismo = deforestación (2)

El 22 de agosto, cuando nos referíamos a las medidas soberanistas del Gobierno brasileño, tendientes a controlar el mecanismo de cooperación internacional que más recursos ha aportado para reducir los gases de efecto invernadero por la deforestación, conocíamos la dimensión de los incendios en la selva amazónica de Brasil y Bolivia y sus dificultades para controlarlos. El soberanismo exacerbado y unilateral de Jair Messias Bolsonaro que cambió el cuerpo directivo del Fondo Amazonia y canceló el Comité Técnico que selecciona los proyectos a financiar, y que pretende indemnizar a terratenientes expropiados o a los que se les prohibieron actividades productivas en las áreas protegidas, recibía una lección de la naturaleza, o mejor, para que nos entienda el creyente Jair Messias, de Dios.

La alarma mediática que generan las grandes extensiones de selva arrasada por el fuego debe servirnos, como bien anota Jorge Galindo en un reciente análisis en El País, para entender la complejidad del problema que enfrenta la Amazonia. No se trata de un asunto de bomberos apagando incendios, lo primero que hay que hacer -así, Bolsonaro disponga lo contrario-, es minimizar los incentivos que los generan.

Galindo demuestra que los incendios en la selva amazónica son provocados de manera intencionada, es decir, si bien las condiciones climáticas contribuyen a estos, la temporalidad que se observa en los momentos en que los indicadores de incendios se disparan tienen tanto que ver con la falta de lluvias como con los momentos de siembra. Cita a Elinor Ostrom, politóloga y Nobel de Economía, que explica este problema político de distribución desigual de recursos, costos y beneficios, cuando varias entidades sepa-radas pueden explotar un recurso hasta su extenuación, confiando en que sean los otros quienes se contengan. De ahí que esta denominada tragedia de los comunes provea de recursos -en especial madereros- a los países amazónicos Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Ecuador.

Suma a la complejidad del problema que un sinnúmero de personas, tanto los que habitan los países donde se encuentra la selva amazónica como en otros, no sean conscientes de los beneficios que perciben gracias a las zonas no explotadas. Por lo anterior, la tensión resultante entre beneficios por explotación y por protección, casi siempre se incline a favor de los que impulsan tesis desarrollistas, que explicarían la intensidad de incendios que, en la última década, vienen padeciendo principalmente Brasil y Bolivia, y con menos intensidad, los otros cuatro países amazónicos.

Pero si por aquí llueve, en otras latitudes no escampa. La Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) revirtió la normativa aplicada a la industria del petróleo y el gas con el propósito de “ahorrarle millones de dólares en costos de cumplimiento”. La Agencia cree que los cambios propuestos ahorrarían al sector entre US$17 y US$19 millones al año, sumando un total de entre US$97 y US$123 millones desde 2019 hasta 2025. El anuncio de este plan que busca cambiar los controles de emisiones de metano impuestos durante el mandato de Barack Obama, parece ser la respuesta del gobierno de Trump al arribo de la joven activista climática Greta Thunberg que le solicitó al presidente de EE.UU. que “escuche a la ciencia” sobre el calentamiento global.