Justicia Blended

El acceso a la justicia, en una sociedad organizada y moderna es equiparable a la necesidad de protección de la vida, de la salud y el bienestar (material y sicológico), entre otros. La sanidad del aparato de justicia define en gran medida el estado general del paciente, en este caso de un país.

En Colombia estamos muy lejos de esos estándares. En tiempo normales ya se acusaba una falta de real cobertura del acceso a la justicia, una brecha inmensa entre las ciudades y los municipios alejados de los centros urbanos y qué no decir de las demoras y retrasos a todas luces excesivos para obtener decisiones definitivas.

Durante décadas, bajo la etiqueta de la reforma a la justicia, ciudadanos y abogados hemos visto pasar diagnósticos, proyectos e iniciativas de toda índole que han sido fallidas. Sin expediente digital ni comunicaciones electrónicas implementadas a veces se hacía referencia a temas como la inteligencia artificial pero sin mayor sentido práctico y efectivo.

La crisis de la justicia y su necesaria y consecuente reforma ya han completado varias soledades de muchas estirpes en nuestra tierra. Casi sin excepción, los últimos Ministros de Justicia han fracasado en sus intentos de cambiar de manera estructural los problemas que entre otras han tenido el beneficio del constante sobre diagnóstico y más bien pocas vacunas y prevención.

La anomina ciudadana mezclada con algo de resignación de los denominados stakeholders del sector, incluyendo los abogados litigantes, sin gremios ni Colegios profesionales representativos es un factor determinante para esa penosa situación. Los repetidos paros y huelgas no tienen como efecto que la justicia funcione sino más bien son percibidos por la ciudadanía como una costumbre pandémica que interrumpe el acceso a justicia durante largos periodos del año (a veces coincidiendo con el inicio del periodo de vacancia judicial). Cualquiera que conoce los despachos judiciales sabe, sin embargo, que muchas reivindicaciones de los empleados del sector son válidas para lograr mejores condiciones, entrenamiento y retribución económica.

La pandemia Covid-19 nos ha puesto en evidencia no solo el atraso en el compromiso de muchos años respecto de la puesta en marcha de la Justicia Digital. La ausencia del tan anhelado Plan de Justicia Digital llevó a la Rama Judicial a una imagen de improvisación y lentitud frente al inesperado aislamiento obligatorio.

El desequilibrio con la mayor efectividad y presencia de la Rama Ejecutiva ha sido evidente. Mientras se toman decisiones ejecutivas por decenas de decretos en medio de la Emergencia, la justicia se mostraba como si la urgencia fuera algo por ocurrir y no un angustioso presente. La falta de planificación y de planes de continuidad del servicio que son usuales hoy en día en cualquier empresa de menor tamaño no aparecieron de manera concreta y efectiva durante la primera etapa de la cuarentena. El Gran Encierro representó un enorme apagón en el sector de Justicia. Los ciudadanos vieron cómo se encogían sus posibilidades, poco o nada de justicia civil, nada de acciones populares y la restricción de la acción pública de constitucionalidad. Lo anterior, sin hacer referencia al drama carcelario que ha sido el reflejo de una crisis sin solución agravada por el despiadado agente viral.

No se niegan las buenas intenciones de los órganos de Gobierno de la Rama Judicial pero los resultados son pírricos. Incluso si se han llevado a cabo las labores de las Altas Cortes, algunas de las audiencias pendientes y ciertos trámites en limitadas especialidades, en general, la percepción generalizada es de interrupción y suspensión de términos. Eso no es positivo para las excepctativas sobre una justicia pronta, eficaz y universal.

El arbitraje, mejor preparado por la labor de los Centros de Arbitraje, ha despuntado con mayor rapidez como un bálsamo frente a las controversias especializadas pero es bien sabido que siendo una justicia paga no está al alcance de todos. El arbitraje virtual es una realidad por construir pero es una realidad. La Justicia virtual es una quimera que parece todavía un sueño.

A pesar de existir normas expresas (en lo sustancial y procesal) y medios electrónicos idóneos para operar el acceso ciudadano a la justicia ha disminuido notablemente desde el comienzo del aislamiento social. Las reformas procesales se han enfocado en lo que concierne a lo digital a establecer normas y principios pero no en cambiar prácticas y mentalidades. El problema no es normativo y por eso no sirve de remedio el diálogo sordo entre abogados, sino que es necesario que los ingenieros y diseñadores de sistemas de información sean los protagonistas y ayuden a las nuevas rutas de los procesos.

La formación de los abogados en su mayoría sigue siendo apegada a la literalidad de los Códigos y no a la introducción de técnicas y metodologías relacionadas con las pruebas digitales, las comunicaciones electrónicas y el expediente digital. Las nuevas generaciones deben ser más disruptivas, empujar el cambio, es su deber. El sector justicia debe liderar la transformación digital de la sociedad y abandonar el papel meramente reactivo.

La cruda realidad es que ante la imposibilidad de poner en funcionamiento una verdadera justicia virtualizada, moderna y funcional, vamos a tener que aventurarnos en los próximos meses o años (lo que dure el riesgo sanitario) en una justicia blended o híbrida con presencialidad limitada y con virtualidad improvisada. ¡Qué lástima!