Interpretación Principalista de la Ley de Comercio Electrónico (Ley 527 de 1999) en Colombia

Introducción

Los principios del derecho (y los valores que les subyacen) permean el ordenamiento jurídico con el fin de lograr que la interpretación de las normas y reglas sea axiológica y por ende, no se apegue únicamente al texto literal o a la supuesta intención del legislador -no siempre fácil de dilucidar- sino también a la realidad social, a la deontología de la sociedad y a los valores que sirven de sustento para una comunidad.

 

La creación en el derecho es ordenada, sistemática y organizada, o así debería ser. Las fuentes definen un camino y una ruta para la interpretación. La norma cambia a medida del cambio constante del lenguaje. La expresión y el contenido van de la mano en la construcción de la realidad y en la manera como los hechos definen también la metamorfosis continua de la norma.

 

La tecnología tiene una expresión constante en la sociedad moderna. El uso de herramientas digitales se expresa en las comunicaciones electrónicas, los contratos por medios digitales, el daño o perjuicio llevado a cabo mediante sistemas de información o actualmente los cambios sociales por metaverso, la realidad virtual y los criptoactivos, entre otros. Para la relación entre la tecnología y el derecho, siempre cambiante, en buena medida por las constantes de nuevos paradigmas tecnológicos, los principios de interpretación son una herramienta fundamental en el quehacer del jurista, del legislador y del juez.

 

La tecnología tiene algo de profecía, es futurista, optimista y determinista. La norma determina hechos relevantes que en el mundo tecnológico a veces son meras representaciones de la realidad. Por ejemplo, una prueba digital es una representación en lenguaje informático o código de una realidad fáctica o de una declaración de voluntad expresada a través de un texto alfanumérico o una criptomoneda es la expresión de un valor mediante una plataforma blockchain.

 

1. La interpretación de normas y reglas para el ecosistema digital

Las reglas específicas establecidas en la Ley 527 de 1999 -sustanciales, procesales y probatorias- con perspectiva hacia todo el ordenamiento jurídico  requieren su actualización, reinterpretación y remozamiento a partir de la relación siempre evolutiva entre la tecnología y el derecho que es aún más cambiante – o por lo menos se percibe as í- frente a otras normas cuyos supuestos de hecho de aplicación son más estables y tradicionales. La textura (su superficie) de las normas que atañen a la tecnología es más abierta tecnología por regular temas extrajurídicos, hechos y actos.

 

La interpretación del alcance y contenido de la Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones, es cada vez más importante por haber sido incluida como base de muchas otras normas relacionadas con la era digital, así como por la relevancia que tiene la transformación digital en las empresas, el uso frecuente de tecnologías  y por ende, la innovación en el derecho de los negocios o derecho de la empresa a través de nuevos modelos de negocio y de los ajustes y avances de los tradicionales.

 

La transversalidad en la aplicación de la Ley de Comercio Electrónico a muchas materias jurídicas y su inclusión expresa en normas como referente directo de interpretación, así como su uso cotidiano hace más relevante determinar las fuentes y reglas de interpretación tanto desde el punto de vista jerárquico como del diálogo necesario entre las mismas con el fin de favorecer el uso de los mensajes de datos y de los sistemas de información en las activades comerciales y empresariales en línea.

 

2. Integración e interpretación de la Ley 527 de 1999

Veamos cómo funciona la determinación, integración e interpretación de sus contenidos, vacíos o texto literal que merecen una interpretación válida y eficaz a la luz de principios de interpretación jerárquicamente definidos bajo el sistema de fuentes de nuestro ordenamiento.

 

De acuerdo con el artículo 230 de la Constitución:

 

Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

 

 

El Código de Comercio, en su primer artículo, antes de la vigencia de la Constitución,  señala:

 

Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas.

 

La Corte Constitucional ha estipulado en la Sentencia C-284/15 respecto de la función y alcance de los principios generales del derecho:

 

Una revisión de la literatura permite identificar que a los principios generales del derecho suelen atribuirse diferentes funciones. En algunos casos se advierte que ellos cumplen una función crítica de los ordenamientos. En este caso los principios actúan como la imagen de un derecho ideal al que deben apuntar los ordenamientos históricos. Otra perspectiva señala que los principios generales actúan como verdaderas normas jurídicas y cumplen por ello una función integradora. En estos casos, dicha función se activa a falta de ley y, en esa medida, aunque constituyen verdaderas fuentes, tienen una naturaleza subsidiaria. Suele encontrarse vinculada esta caracterización con aquella doctrina que asume que los principios generales del derecho son el resultado de un proceso inductivo que parte de las reglas específicas previstas en el ordenamiento y arriba a la identificación de enunciados generales que las agrupan a todas. Finalmente, una tercera postura advierte que la tarea de los principios consiste en precisar el alcance de las fuentes del derecho, cumpliendo entonces una función interpretativa. En estos casos se acude a los principios únicamente con el propósito de aclarar dudas, o superar las ambigüedades y vaguedades propias de los enunciados jurídicos. 

 

 

(…)

 

Los límites a la aplicación de los principios generales del derecho dependen, en buena medida, de la forma como ellos son reconocidos en los diferentes ordenamientos. Dos de ellos se destacan. Un primer grupo de límites suele estar determinado por reglas de precedencia de manera tal que, por ejemplo, en algunos casos se dispone acudir a los principios únicamente cuando no resulta aplicable la ley o la costumbre. Un segundo grupo de límites se relaciona con la función que cumplen los principios y, en esa medida, su relevancia podrá depender, por ejemplo, de la existencia o no de una laguna. 

 

A diferencia del Código de Comercio, el artículo 3º de la Ley 527 de 1999, establece la manera de integrar el ordenamiento jurídico en la materia, así:

 

Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley y que no estén expresamente resueltas en ella, serán dirimidas de conformidad con los principios generales en que ella se inspira.

 

Para determinar los principios generales en que la Ley 527 se inspira, es necesario acudir a la Guía para la Incorporación de la Ley modelo de Comercio Electrónico de la CNUDMI que señala de manera expresa:

 

Con respecto a los principios generales en que se basa la Ley Modelo, cabe tener en cuenta la siguiente lista no exhaustiva: 1) facilitar el comercio electrónico en el interior y más allá de las fronteras nacionales; 2) validar las operaciones efectuadas por medio de las nuevas tecnologías de la información; 3) fomentar y estimular la aplicación de nuevas tecnologías de la información; 4) promover la uniformidad del derecho aplicable en la materia; y 5) apoyar las nuevas prácticas comerciales. Si bien la finalidad general de la Ley Modelo es la de facilitar el empleo de los medios electrónicos de comunicación, conviene tener presente que su régimen no trata de imponer en modo alguno el recurso a estos medios de comunicación.

 

Es decir, la interpretación de la Ley 527 de 1999, en lo que a los asuntos de derecho comercial atañe, no se hace de manera directa de acuerdo con los principios del derecho mercantil sino que por su naturaleza de norma derivada del ordenamiento internacional, como expresión del derecho uniforme y con propósitos de armonización y unificación, se interpreta e integra a partir de los principios del derecho internacional del comercio electrónico.

3. Conclusiones

De las anteriores normas y antecedentes internacionales, relacionados a las fuentes de interpretación válidas y jerárquicamente organizadas, incluyendo el instrumento de derecho uniforme de la CNUDMI sobre comercio electrónico, se puede considerar en suma lo siguiente:

 

1. En los asuntos que se rigen por la Ley 527 de 1999 o que la citan como base directa de interpretación de otras normas del ordenamiento jurídico colombiano no se puede aplicar de manera directa ni los principios generales del derecho ni la analogía.
2. La Ley 527 de 1999 aparece como una norma con un tinte eminentemente práctico que permitía, habilitaba o facilitaba el uso de los mensajes de datos (en el momento de la expedición más bien la excepción al uso habitual de comunicaciones físicas y escritas) sin embargo, con el tiempo se aprecia que es una verdadera cara de herramientas que debe servir para resolver problemas teóricos del derecho que tienen un trasfondo de alguna manera ideológico como por ejemplo la visión liberal del uso y apreciación de la prueba digital respecto de una visión más bien conservadora que asocia tal prueba a un formalismo de ciberforense.
3. El alcance de las fuentes interpretativas de la Ley 527 de 1999 constituye un caso de aplicación del artículo 230 de la Constitución que desarrolla el sistema de fuentes establecido en la norma suprema del ordenamiento sin afectar su contenido ni contradecirlo sino en determinar que para esta ley, el criterio auxiliar se mantiene en cuanto a los principios generales pero no frente a los principios del comercio electrónico que devienen legales (como por ejemplo, el principio de equivalencia funcional) y por ende, fuentes principales de interpretación.
4. Los principios que se aplican a la interpretación de la Ley 527 no son los principios generales del derecho ni los principios generales del contrato sino los principios generales de las normas internacionales -de derecho uniforme- de comercio electrónico identificados (en lista no exhaustiva) en la Guía de Incorporación y que por ende, hacen parte del corpus normativo del derecho uniforme.
5. Los principios del derecho comercial no se aplican de manera directa a la Ley 527 como norma complementaria del Código de Comercio por la existencia de una norma interpretativa especial y específica que remite a los principios de la Ley Modelo de Comercio electrónico de la CNUDMI. Esta última referencia es básica para la interpretación de otras normas de naturaleza no comercial como por ejemplo, las normas de contratación pública por medios electrónicos que mencionan de manera expresa a la Ley 527 de 1999.