La Refinería de Cartagena: un megaproyecto que estuvo a punto de desplomarse y continúa doliente

Para nadie es un secreto que grandes proyectos de infraestructura, de hidrocarburos, de construcción, entre otros, son susceptibles de generar grandes batallas jurídicas. La refinería en Cartagena es uno de esos proyectos a observar de cerca en razón a sus múltiples escándalos que pueden terminar en una contienda más, particularmente después de que la Superintendencia de Sociedades decidiera someter a control a una de sus principales contratistas.

Para nadie es un secreto que grandes proyectos de infraestructura, de hidrocarburos, de construcción, entre otros, son susceptibles de generar grandes batallas jurídicas. La refinería en Cartagena es uno de esos proyectos a observar de cerca en razón a sus múltiples escándalos que pueden terminar en una contienda más, particularmente después de que la Superintendencia de Sociedades decidiera someter a control a una de sus principales contratistas.

REFINCAR, como se le conoce abreviadamente a la Refinería, fue un proyecto iniciado hace más de 12 años en Cartagena que generó altas expectativas en millones de ciudadanos, empresarios y políticos colombianos, ya que éste tenía como objetivo producir un combustible más limpio del actualmente consumido, lo que permitiría prescindir de la compra de gasolina. El proyecto original comprendía una refinación de 650.000 barriles por día, de los cuales hoy en día se están refinando tan solo 90 mil barriles diarios. Los beneficios esperados con este proyecto tanto ambientales como económicos eran muy elevados.

Con el paso de los años esta construcción se ha visto envuelta en una serie de polémicas debido a los altos sobre costos y a los diferentes cambios de contratista. Denuncias del Contralor ponen en evidencia estos problemas y meten en tela de juicio la contratación de la refinería.

Este gran proyecto involucra dos grandes empresas extranjeras.  La primera, llamada Glencore, es una multimillonaria empresa suiza productora de minerales, cuyo contrato la obligaba a mejorar los activos productivos para la refinación que, según lo denunciado, habría terminado en niveles muchos más altos de los originalmente otorgados. Con el tiempo, esta empresa decidió retirarse del proyecto por una supuesta falta de recursos necesarios para terminar la obra. Esto llevó a que Ecopetrol terminara adquiriendo de nuevo lo que hace un tiempo le había concedido a Glencore para poder continuar con la obra. Entre tanto, el proyecto terminó liderado por una segunda firma extranjera, la norteamericana CB&I, la cual fue cuestionada desde el comienzo por su supuesta falta de experiencia para este tipo de construcción.

Los problemas con CB&I no se hicieron esperar. Al parecer, no solamente sus competencias generaban dudas, sino que la cotización de sus acciones en bolsa aumentaba significativamente, los sub-contratos que efectuaron parecieron ser extremadamente costosos, y como si fuera poco se creó un sindicato en el cual no hubo negociación. Según las diferentes noticias publicadas en los diarios de circulación nacional y regional, Ecopetrol habría, una vez más, terminado haciéndose responsable de estos gastos cuando quien estaba a cargo de los trabajadores y de la obra era CB&I.

El diario El Espectador del pasado 30 de enero, señala la Contraloría habría “estimado que las mayores inversiones por cuenta del aumento en los costos del proyecto se deben a: mayores cantidades (43%), extensión del cronograma (25%), incremento en precios (15%), menor productividad (13%) y otros (5%)¨. Puesto que los rumores señalan que la firma CB&I tenía planes de partir dejando a Colombia con una deuda considerable, la Superindencia de Sociedades habría intervenido para controlarla. Entre tanto, todo parece indicar que Ecopetrol ha pasado su tiempo a buscar mecenas para no dejar caer este proyecto.

Es en esta odisea que se ha convertido la que en algún momento se denominó la refinería mas moderna  de América Latina. La batalla jurídica está comenzando a nivel interno con las actuaciones de la Superintendencia, seguro otras acciones se asociarán, sin hablar de los controles políticos que el Senado está preparando en este tema, y todo esto sin contar con remedios legales internacionales que pueden llevar a Colombia ante escenarios jurisdiccionales internacionales. Esperemos en qué termina todo esto