El acontecer internacional no es ajeno a esta desazón. En oriente medio, donde las tensiones son una constante generada por propios y extraños inicia el año con ebullición diplomática, la ejecución del influyente clérigo Al Nimr, cabeza visible de la minoría chií, desató el ataque e incendio de la embajada de Arabia Saudí en Teherán con la consiguiente reacción de Riad de romper relaciones con Irán, ejemplo que siguieron Bahréin y Sudán.

Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rohani, ordenó que se actúe de inmediato contra los individuos que perpetraron el ataque a la embajada Saudí en Teherán, mostrando, por un lado, su determinación de apaciguar la relación con sus vecinos suníes, y no caer en la provocación de Riad que complota en contra del acercamiento entre los gobiernos de Teherán y los de occidente.

En tanto, la crisis Siria no solo no encuentra su fin -más muertos, refugiados y hambrunas-, sino que se ve agravada por el sectarismo creciente entre suníes y chiíes, río revuelto al que el Estado Islámico se suma con su estrategia de terror. Además, ante el inminente colapso de la Autoridad Nacional Palestina, liderada por el presidente Mahmud Abbas, los servicios de seguridad israelíes solicitan al gobierno de Israel aliviar el peso de la ocupación sobre los cuatro millones de palestinos en Cisjordania.

Más de lo mismo no es difícil encontrar en otras latitudes, pero como el espacio manda nos centraremos en nuestra región. En Estados Unidos se siguen deportando inmigrantes centroamericanos y las armas son el centro del debate político, en México la violencia derivada del narcotráfico sigue siendo noticia y es recapturado el Chapo Guzmán; en Venezuela solo abunda el desabastecimiento y la polarización y desde afuera solo se crítica el régimen electoral según el interés del intérprete.

Curiosamente Colombia, que se ha caracterizado por más de lo mismo, cerró el año con dos hechos que renuevan nuestro entusiasmo: primero la asunción de responsabilidades que hicieron las Farc en Bojayá. Este pequeño y pobre municipio, ubicado en el Chocó, se hizo notorio en mayo del 2002 cuando sus habitantes trataban de protegerse en la iglesia de los enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares. Un cilindro bomba cayó allí y dejó un saldo de 79 muertos, 100 heridos y se estima que 6.000 personas tuvieron que desplazarse.

Segundo, el acuerdo de justicia transicional, pactado en La Habana, crea una jurisdicción especial para la paz que, entre otras cosas, se centra en restablecer la humanidad entre víctimas y victimarios. Modelo de justicia restaurativa donde los afectados tienen la oportunidad de discutir con los perpetradores qué debe hacerse para reparar el daño. Después de 50 años de guerra que una víctima tenga la oportunidad de expresar libremente -en un ambiente seguro- el impacto que esta ha tenido en su vida, y la oportunidad de participar en la decisión acerca de cómo el ofensor deberá reparar el mal causado, no solo es justicia, sino que brinda la oportunidad de reintegrar a la víctima y al victimario a la sociedad. La contrición de Bojayá y este marco jurídico muestran que algo está cambiando.