¿Guerra comercial?

Mientras en Colombia se discute cómo sustituir las medidas de protección para los productores nacionales de calzado y textiles, mantiene, por un lado, el Decreto que hace dos años estableció aranceles mixtos a los artículos procedentes de la zona de Colón, en Panamá.

Mientras en Colombia se discute cómo sustituir las medidas de protección para los productores nacionales de calzado y textiles, mantiene, por un lado, el Decreto que hace dos años estableció aranceles mixtos a los artículos procedentes de la zona de Colón, en Panamá y, por el otro, alega que ese país ha adoptado represalias.

En noviembre de 2015, con ratificación en junio pasado, la Organización Mundial de Comercio (OMC) ordenó que desmontarámos el mencionado Decreto, pues viola los topes a los que estamos obligados. No obstante, no encontramos una fórmula ajustada a la OMC que lo reemplace porque entendemos que aunque se le aplique el arancel máximo permitido por este organismo (35% de arancel compuesto) no es posible competir con mercancías -que en su mayoría son chinas- y que acceden a nuestro mercado a 50 centavos de dólar.

Así, seguimos tensionando las relaciones con Panamá que no superan del todo la crisis derivada por la dilatada negociación del acuerdo de intercambio de información aduanera y que, en últimas, no es el único origen de estas mercancías baratas. La multiplicidad de acuerdos comerciales de los que somos partes -vía triangulación de nuestros socios- nos exponen, tanto o más, a productos provenientes de Estados Unidos, México, Centro y Suramérica.

Si bien la estrategia de pertenecer a muchos acuerdos comerciales es atractiva porque combina el acceso libre a varios mercados con importaciones de diversas fuentes, ella genera una exposición obvia que combatimos con medidas contradictorias que menoscaban el pleno comercio y que pueden dar pie a guerras comerciales como las que se está gestando con Panamá. Superposición de obligaciones que en 2003 Schiff y Winters explicaron con claridad en el documento del Banco Mundial Integración regional y desarrollo.

Con una ingenuidad que viene siendo una constante en nuestras controversias internacionales y de las que en más de una ocasión nos hemos ocupado en esta columna, pretendemos defensas forzando las obligaciones internacionales a nuestros intereses y esto se traduce en derrotas, sencillamente, porque el derecho nunca estuvo de nuestro lado. En la disputa con Pánama, Colombia, que no podía probar dumping (producto por debajo de su precio normal o de su coste de producción), adujo que las importaciones afectadas por el arancel compuesto constituían “comercio ilícito”, ya que se realizan a “precios artificialmente bajos” con el fin de blanquear dinero.

A juicio de Colombia, el art. II del GATT de 1994 no se aplica al comercio ilícito y, por consiguiente, se debían rechazar las alegaciones formuladas por Panamá. Sin embargo, el Órgano de Apelación de la OMC constató que no habíamos demostrado que el arancel compuesto fuera una medida “necesaria” para lograr la observancia de nuestro Código Penal.

Para el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, Guillermo Botero, la existencia de aranceles específicos se debe a la presión que ejercen políticos “que protegen a personas que viven del negocio de importación de telas y calzado”. Insiste, además, en que las importaciones de Panamá han caído drásticamente y que en calzado “no somos autosuficientes y que hay que importar el 50%”.

Entre tanto, Panamá expide un decreto que establece un alza en los aranceles de importación de varios tipos de flores, cemento, carbón y prendas de vestir, productos que principalmente proceden de Colombia.