¿Justicia fiscal internacional?

El 20 de abril de 2016, con ocasión del escándalo de los Panama Papers, decíamos que en muchos casos tanto empresas como Estados contribuyen a la desigualdad, cuando los primeros buscan deslocalizar sus negocios, mientras los segundos compiten por atraerlos y ambos centran su oferta en disminuir derechos.

Por Eric Tremolada

El 20 de abril de 2016, con ocasión del escándalo de los Panama Papers, decíamos que en muchos casos tanto empresas como Estados contribuyen a la desigualdad, cuando los primeros buscan deslocalizar sus negocios, mientras los segundos compiten por atraerlos y ambos centran su oferta en disminuir derechos.

Señalábamos que si bien no es jurídicamente reprochable que las empresas que se deslocalizan busquen -principalmente- disminuir costos de mano de obra, enfrentar menores obligaciones laborales y tributarias que extiendan sus ganancias, tampoco lo es que los Estados de acogida compitan por darles marcos jurídicos atractivos a su inversión, salvo que todo se centre en relativizar derechos existentes.

Los impuestos son instrumentos privilegiados de los Estados para reducir la desigualdad. Si la relación de las empresas con el Estado se centra en atraer el capital o en que lo mantenga (si ya lo invirtió) a costa de relativizar derechos, esto rompe los equilibrios tributarios. Vía regresiva que se funda en la lógica: a mayor ganancia o mayor renta, menor porcentaje de impuestos que deben pagarse, menos garantías laborales y más barato el despido.

Lógica que puede pervertirse más, gracias a la facilidad que encuentran las empresas y personas naturales para establecerse en centros financieros que aplican un régimen tributario favorable a los no residentes, y que no brindan información soportados en un estricto secreto bancario. Paraísos que promueven la creación de entes jurídicos offshore (en el mar o ultramar), con otro nombre, alejadas de la observación del país donde tienen su residencia fiscal.

De ahí la necesidad de que la agenda internacional incluya el debate de la justicia fiscal con el fin de recaudar más y de manera más justa. En una reciente entrevista para Nueva Sociedad, Rosa Cañete, de Oxfam, señala que resulta vital la cuestión del financiamiento de los países del Sur. Nos recuerda que, por ejemplo, en América Latina se recauda menos de 20% del PIB, indicador básico para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y luego los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Coincidimos con ella que es necesario frenar esta carrera a la baja que estimula la desigualdad. Una organización interestatal, adscrita a Naciones Unidas, que facilite un consenso entre los países del Norte y del Sur en materia de tributación de las empresas trasnacionales y de los individuos más ricos, sería una opción para obtener más recursos para estos objetivos.

La necesidad de una reforma del sistema tributario internacional encontró una posibilidad efectiva en la III Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se celebró en Addis Abeba, Etiopía, en 2015. Sin embargo, muchos gobiernos africanos receptores de donación de Estados Unidos y del Reino Unido -que durante la conferencia hicieron contrapeso- se abstuvieron de aprobarla.
Ahora, bajo la presidencia de Ecuador, la iniciativa viene impulsándose en el G-77, grupo que cuenta con 134 países que discuten esta idea y entienden, además, como una alternativa a los sonados Leaks, que gracias a las filtraciones destapó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelando cuentas ocultas relacionadas con empresas trasnacionales y grandes fortunas escondidas en Luxemburgo, Suiza y Panamá para evadir impuestos.