En una reciente columna de Antonio Navalón en El País, se cuestionaba si en América Latina, después del gobierno de los jueces, solo había lugar para los populistas. Su interrogante surge luego de analizar que aunque el problema de la corrupción es mundial, en América Latina es peor porque, primero, solo se recupera la senda democrática en los 80 por agotamiento de las dictaduras y por el modelo de transición español, pero sin fe en la democracia y, segundo, porque el sistema de partidos en esta región ha perdido toda autoridad moral.
Recordaba que en los últimos 30 años, 19 presidentes elegidos en la región no han logrado terminar su mandato, y aunque en nuestras cuentas son 18 (no contamos la renuncia de Banzer en Bolivia por salud) los que no terminaron por razones políticas -desde Alfonsín en Argentina en 1989, hasta la reciente renuncia de Kuczynski en Perú- no son casos aislados.

La confiabilidad en la democracia suma su golpe más letal y reciente cuando la policía brasileña empezó a desenredar la trama de Petrobras, donde salió a relucir el nombre de Marcelo Odebrecht quien puso a temblar al mundo económico y político de la región. Los secretos que se negó a develar y que guardaba el presidente de la mayor constructora de América Latina, con 168.000 empleados y con ramificaciones en 28 países, incluido EE.UU., se hicieron públicos cuando aceptó colaborar para obtener una rebaja de 10 años a su condena de 19 y pagar una sanción de US$3.500 millones repartidos entre los gobiernos que lo investigaban (Brasil, EE.UU. y Suiza) a cambio de volver a concursar en obras públicas.

Así, la petición de perdón de Odebrecht y “Las confesiones del fin del mundo”, que recogen su testimonio y los de otros 77 directivos de la constructora, que con las investigaciones de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano, no dejan títere con cabeza en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Así, el cuestionamiento de Navalón cobra sentido. Los jueces pueden lograr que haya justicia, perseguir delitos e interpretar las leyes, pero no está en su ámbito, ni en su formación, ni en sus capacidades, definir cómo debe ser el rol de la administración y de la democracia. La región necesita una salida política y no seguir contando el número de presidentes y políticos en la cárcel.

En la Italia de los 90 el término acuñado para designar la corrupción sociopolítica fue el de tan-gentópolis. Círculo de relaciones económicas donde los políticos recibían importantes pagos (tangenti) a cambio de proporcionar contratos y/o obras con dinero público de acuerdo con un riguroso orden preestablecido y estrictos porcentajes de distribución entre los partidos con poder. Pero el país con la operación Manos limpias (Mani Pulite) que, luego de estremecer el sistema político y destapar escándalos de corrupción, inspiró a jueces y fiscales del mundo, no tuvo una respuesta política diferente al populismo, primero Silvio Berlusconi y hoy los radicalismos del Movimiento 5 Estrellas y Forza Italia.

El panorama -en un año electoral- no es alentador en América Latina, pues los políticos han usado y seguirán usando los recursos de manera clientelar y la corrupción no disminuirá con los populismos. O fortalecemos el Estado y la democracia o seguimos en el mismo círculo vicioso.