¿Quieren la paz?

Desde comienzos de agosto, tres profesores desarrollamos un proyecto académico de la Defensoría del Pueblo en colaboración con la Delegación de la Unión Europea y el Externado de Colombia, en el que capacitamos a defensores públicos de víctimas y postulados sobre el punto 5 del Acuerdo de Paz, donde se analiza el Acuerdo de Víctimas del Conflicto a la luz de los estándares internacionales.

Por Eric Tremolada Álvarez

Desde comienzos de agosto, tres profesores desarrollamos un proyecto académico de la Defensoría del Pueblo en colaboración con la Delegación de la Unión Europea y el Externado de Colombia, en el que capacitamos a defensores públicos de víctimas y postulados sobre el punto 5 del Acuerdo de Paz, donde se analiza el Acuerdo de Víctimas del Conflicto a la luz de los estándares internacionales. Son 14 foros académicos a lo largo del país, de los cuales ya se desarrollaron 8, que impactarán a unos 700 defensores públicos quienes tienen un rol protagónico representando víctimas en el marco del Programa de Justicia y Paz: legislación promovida por el gobierno del expresidente Uribe que fomenta sobre todo la desmovilización de paramilitares.

Este programa presenta a la fecha un balance muy regular, en particular para las víctimas que tienen que demostrarle a la justicia no solo que lo son, sino soportar la actitud displicente del perpetrador y de los jueces, pues los primeros solo los tienen en cuenta como una necesidad para lograr beneficios penales, y los segundos, como un expediente más de los tantos que tienen que tramitar, es por cierto, la fórmula supuestamente novedosa del partido -que no es ni de centro ni democrático- para reemplazar la Jurisdicción Especial para la Paz acordada en La Habana.

El uribismo quiere salas adscritas al Tribunal Superior de Bogotá, con la Corte Suprema como órgano de cierre y con una unidad élite en la Fiscalía encargada de hacer la investigación. Modelo análogo al que opera en Justicia y Paz donde los Tribunales Superiores de Distrito Judicial son competentes en esta materia y donde la víctima no tiene un rol protagónico -lo tiene el perpetrador- y que por esto, y por las pocas condenas a líderes paramilitares y escasos trámites de los expedientes de falsos positivos, viene siendo observado por la Corte Penal Internacional, CPI.

Es curioso, muchos de los que se oponían a las negociaciones de La Habana lo hacían con el argumento de que la CPI no permitiría que los derechos de la víctimas se garantizaran a la medida de las Farc y cuando se negoció cumpliendo estándares internacionales, donde la suerte de cualquier perpetrador (guerrilleros, militares y civiles) depende de la víctima, por el modelo transicional restaurativo adoptado y tantas veces explicado en esta columna, se pretende reemplazarlo por uno que viene siendo utilizado y observado -no avalado como el de La Habana- por la CPI.

Los del No -después del plebiscito- olvidaron el argumento de la impunidad y proponen como alternativa al concepto de restricción de la libertad consagrado en los acuerdos de La Habana -que hoy solo les suena demasiado abstracto y suave- la fórmula intermedia de unas granjas o colonias penales: áreas rurales delimitadas donde tendrían que cumplir sus condenas haciendo trabajo agrícola. Es decir, que no se llamen zonas de confinamiento y no hagan trabajos de desminado, reconstrucción de infraestructura, reparación de daño ambiental, etc.

El cálculo político de unos y el interés de otros: iglesias que no defienden la paz sino el dogma, grandes grupos económicos que con “responsabilidad empresarial” financian el Sí y el No, taxistas y transportistas de carga que defienden el statu quo de su “buen servicio”, entre otros, no pueden hipotecar la paz de las generaciones futuras. Insistimos: es el momento de reflexionar sobre la responsabilidad que nos compete por alimentar o ignorar la guerra.