No son pocos los líderes de Estados Unidos que con claros intereses -casi siempre poco altruistas- se abrogan el derecho de ser la mayor fuerza de paz en el mundo. Unilateralismo que según el presidente de turno se instrumentaliza de manera retórica con o sin razón. Corea del Norte, Irak, Irán, Libia, Yugoslavia, Afganistán, Sudán y más recientemente Venezuela han sido calificados como Estados canallas (Rogue States), proscritos o forajidos (Outlaw States), y en una versión más “polite”, como Estados preocupantes (States of Concern).

Lista a la que se entra o sale según la subjetividad de la Secretaría de Estado, sea porque son considerados como amenaza a la paz mundial, o por tratarse de un régimen autoritario que restringe los derechos humanos, o porque propician insurrecciones o terrorismo, o pretenden la producción y proliferación de armas de destrucción masiva. Imperios del mal (Unión Soviética) que a veces conforman “ejes”, no son más que calificativos que no podemos percibir como neutrales, pues en muchas ocasiones se refieren meramente a países opuestos u hostiles a los Estados Unidos, que -según la coyuntura- bien podría aplicársele a este y sus aliados.

No deja de ser paradójico que hoy el gobierno de Washington este dándole “Trumpadas” a la multilateralidad ambiental y económica (Acuerdo de París, TPP, Tlcan, OMC, China, UE, entre otros) sino que ya se desafía y practica abiertamente contra los sistemas de derechos humanos.

Mientras abandona el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -con argumentos vanos respecto de la reforma que necesita, que tiene un prejuicio crónico contra Israel y que lo integran Estados violadores de estos derechos-, intimida inmigrantes ilegales procesándolos alejados de sus hijos menores que mientras tanto quedan confinados en jaulas.

En primer lugar, el Consejo de Derechos Humanos está integrado por 47 Estados miembros, que son elegidos por la Asamblea General a través de votación directa y secreta que responde a una distribución geográfica equitativa por períodos de tres años y en el que desde 2006 han participado 107 Estados miembros de la ONU, incluidos muchos de los que son cuestionados por no respetar estos derechos. No obstante, gracias al Examen Periódico Universal analiza colectivamente los expedientes sobre violaciones de derechos humanos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Segundo, la política de disuadir la inmigración de los padres, infligiendo abusos a los niños, no solo es inconcebible, sino que viola la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que hace parte EE.UU. y que prevé como tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras”. Por cierto, esta Convención cuenta con un Comité que verifica estas violaciones.

¿Habrá un Estado que se atreva a denunciar a EE.UU. antes de que este se retire?

Así, cobra valor la obra de William Blum (2006) -de la que tomé el título de esta columna- que contrasta las actuaciones de Estados Unidos con los mismos estándares que usa para juzgar a otros países.