¿Saboteando la paz?

Cuando la política es como la lucha libre, la sociedad paga el costo y de ahí que la revista británica en su artículo “Arte de la mentira” se cuestionaba ¿si realmente a ellos les importa alejarse de la verdad?

“Sospecho que su juego es más sutil que sabotear. Yo creo que en esto él tiene un rol legítimo. En términos crudos, la mayoría de la opinión pública está en contra de una paz con total impunidad del liderazgo de las Farc, o con exceso de concesiones”. En marzo de 2015, así respondía Malcolm Deas a Fernando Fuentes de La Tercera, cuando se le interrogaba sobre la oposición de Álvaro Uribe a las negociaciones del acuerdo de paz en Colombia “nunca ha dicho que esté en contra de un acuerdo”, “Uribe está jugando el papel de un crítico del proceso”.

Así -Malcolm Deas el historiador británico y “colombianólogo”, asesor en el diseño de políticas de reducción de la violencia durante el Gobierno de César Gaviria y a quien en 2008 Álvaro Uribe le otorgó la ciudadanía colombiana, intentaba justificar la terquedad de Uribe frente al proceso de paz. Esto no deja de ser irónico, pues fue el profesor emérito del St Antony’s College de la Universidad de Oxford quién le dio fundamento teórico al eslogan de su gobierno “mano firme corazón grande”, para predicar que hay que ser flexibles sin perder la coherencia y firmeza sin llegar a la terquedad, pues la esencia de la política es la concesión.

El ordenamiento internacional ampara la paz negociada, el Estatuto de Roma, siempre que se interprete de buena fe, conforme al sentido gramatical de sus términos, con una lógica sistémica y teleológica (objeto y fin), se centra en poner fin a la impunidad y prevenir nuevos crímenes, dos imposibles en medio de la guerra y perfectamente plausibles en el marco de una justicia transicional como la acordada en La Habana. Por lo anterior, como destacamos en la columna pasada,  Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, calificó de “histórico” un acuerdo que pone fin a 52 años de conflicto que “reconoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”.

Justicia transicional no es justicia penal, el maximalismo o minimalismo en las penas no es impunidad, como tampoco lo es la justicia restaurativa, que permitirá un tratamiento especial a todo perpetrador que brinde verdad exhaustiva frente a la víctima en la sala de verdad y reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. La satisfacción temprana de la víctima es la condición necesaria para que un victimario obtenga una pena restrictiva de la libertad de cinco a ocho años en una zona de confinamiento, en caso de que sea tardía o se resistan a brindar la verdad, la pena restrictiva de la libertad será en cárcel de 5 a 8 años o de 15 a 20 respectivamente.

The Economist recordaba hace poco que no solo Trump es el máximo exponente de lo que denominan “posverdad” afirmaciones que no tienen base en la realidad, sin descaro ni castigo, pero que representan la voluntad del político de defender el poder de la élite. Miembros del gobierno de Polonia afirman que un presidente anterior, que murió en un accidente aéreo, fue asesinado por Rusia. Políticos turcos afirman que los autores del fallido golpe de Estado actuaban por órdenes emitidas por la CIA. El éxito de la campaña del Brexit en el Reino Unido, para abandonar la Unión Europea, advirtió de las hordas de inmigrantes que resultarían de la inminente adhesión de Turquía a la Unión. Cuando la política es como la lucha libre, la sociedad paga el costo y de ahí que la revista británica en su artículo “Arte de la mentira” se cuestionaba ¿si realmente a ellos les importa alejarse de la verdad?