El fiscal británico de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, después de tres días de visita a Venezuela, informó que el asunto que está bajo la mira de este Tribunal con el nombre del país sudamericano, pasa de la fase de examen preliminar a una investigación formal. Esto significa que en la primera fase se estableció el acaecimiento de delitos, el contexto en el que se cometieron y, lo más importante, que las víctimas no han tenido acceso a la justicia. Así, la CPI, con elementos para pensar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, inicia formalmente una investigación.

Ese es precisamente el rol de la CPI, cuando los crímenes no están siendo investigados debidamente y de forma genuina por la justicia del país que se encuentra bajo examen preliminar. En la investigación formal se establecerán las responsabilidades individuales en los casos en los que la Corte decida comenzar procedimientos. Sin duda, se centrará en las presuntas torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas ocurridas contra ciudadanos bajo detención del Estado desde 2017 en adelante.

Lo anterior, no debe entenderse como un señalamiento directo a Maduro y sus funcionarios, de ahí el énfasis del fiscal Khan, al precisar que lo que se inicia es una investigación y que por ahora no hay individuos señalados. Por eso se pudo dar el memorando de entendimiento entre la CPI y Venezuela que deja claro que la investigación se llevará a cabo según el principio de complementariedad, esto es que la CPI podrá cerrar la investigación si determina que las instituciones venezolanas cooperan de manera genuina y eficaz para que se haga justicia.

Esta Corte, que por muchos era criticada por solo poner sus ojos en África, hace ya un tiempo adelanta también exámenes preliminares e investigaciones en Asia, y en Colombia, hasta hace unos días, mantuvo una indagación preliminar. Esta es la razón por la que defensores y organizaciones de DD.HH. consideren como un hito histórico, la apertura -por primera vez- de una investigación en la región.

Para Colombia la visita de Karim Khan fue de arena. La CPI desde 2004 examinaba -de forma preliminar- el tratamiento que le dábamos a los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ese examen empezó por sus suspicacias frente al proceso transicional de Justicia y Paz negociado con los paramilitares y se mantuvo durante todos estos años con la amenaza de abrir formalmente una investigación. En 2021, ve progresos significativos con ocasión de las imputaciones de la JEP a los altos cargos responsables de secuestros y falsos positivos y, por tanto, decide cerrar su estudio preliminar, a cambio de un compromiso del Gobierno de no interferir en la JEP, a la que debe brindarle todo el soporte financiero y abstenerse de cualquier tentativa de modificar su marco jurídico. Si el país no cumple estos compromisos la CPI bien podrá reconsiderarlo.

Este espaldarazo a la JEP deja claro -como lo hemos dicho en múltiples columnas-, que el acuerdo de paz con la Farc no es el marco de impunidad que, intencionadamente, nos pintó un gobierno que llegó al poder amenazándonos con hacerlo trizas, por el contrario, se reconoce que se trata de una paz con justicia en el marco del Estatuto de Roma, que viene mostrando avances significativos y que llevó a la CPI a seguir apostándole.