INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ESQUICIOS REGULATORIOS Y NORMATIVOS

Por: Daniel Peña Valenzuela

Probablemente la aplicación práctica y concreta de la inteligencia predictiva tanto por los negocios como por los gobiernos sea el principal reto tecnológico y regulatorio de las próximas dos décadas. Si esta premisa fuera cierta, es relevante seguir de cerca los bosquejos que se avizoran respecto de la regulación jurídica (regulación propiamente dicha y regímenes normativos) de los productos y servicios que utilizan soluciones incorporando la inteligencia predictiva así como de los mercados que se configuran a partir de ellos y de los derechos y deberes de quienes los utilizan o son afectados por los mismos. Esto partiendo de la evidencia de que estamos en presencia de una analítica de datos sin precedentes y de su uso, entre otras, en la toma de decisiones, en la construcción de modelos de políticas públicas así como en el diseño y  arquitectura de dispositivos digitales.

a) Principios Éticos del uso de la Inteligencia Artificial 

El primer eje regulatorio es ético y por ende, fundado en la metodología de principios que prefigura como siempre la oposición de lo general y lo abstracto frente a lo normativo. La OECD, por ejemplo, a apuntado con sus Principios en primera medida a una relación directa entre tópicos generales que puedan influir en la actividad concreta de gobiernos, empresas y de la gente del común (consumidores y usuarios de productos y servicios asociados a la inteligencia artificial).

Los principios éticos en general contienen una preocupación de alguna manera definible como humanista. Es decir la preocupación sobre la relación máquina y sujeto. Al fin y al cabo, la artificialidad en el pensamiento, la voluntad y el ser mismo encuentra aspectos prácticos en los negocios y la vida cotidiana. El eje de principalismo sugiere también los límites del conocimiento real sobre los alcances de los desarrollos de la inteligencia artificial que impiden por ahora avanzar en normas y reglas concretas y definidas. Aún no se vislumbran otros instrumentos que usualmente definen guías de aplicación o leyes modelo.

b) Documentos de Políticas Públicas sobre Inteligencia Artificial en el sector público (o privado)

El segundo eje regulatorio se refiere a la definición de programas generales de políticas públicas que definen una hoja de ruta gubernamental sobre la inteligencia artificial sea como una directriz únicamente para el sector privado o también incorporando de manera directa o indirecta al sector privado. Allí se ubica un sin número de países incluyendo Colombia que optan por un camino más bien tradicional en la regulación de las tecnologías al considerar que el estado ejerce un rol tutelar frente a los desarrollos tecnológicos y a la iniciativa privada.

El documento Conpes 3975 de 2019 define la inteligencia artificial como “un campo de la informática dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana o seres inteligentes”. En esta política pública se plantean (i) la creación del mercado de Inteligencia Artificial, (ii) la priorización de innovaciones creadoras en el mercado, (iii) experimentación regulatoria e Infraestructura de datos, (iv) el marco ético para IA y seguridad y (v) el Estado como facilitador y usuario de Inteligencia Artificial.

c) Leyes y normas sobre el uso de la inteligencia artificial

El tercer eje regulatorio es más concreto y apunta a los normativo. China, por ejemplo, desde el 2022 representa de manera preponderante el modelo de una decisión gubernamental que se convierte en una norma imperativa específica sobre inteligencia Artificial. En la misma se reconocen problemas concretos propios de la influencia negativa que el mal uso de la inteligencia artificial acarrea en la discriminación, en la alteración de precios y en general a la manipulación de algoritmos. La norma estable una tipificación de conductas así como sanciones respectivas.

Con independencia de la particularidad política del régimen político chino reocupan los consensos en regímenes democráticos en los cuales puede aún ser prematura la toma de posición respecto de los intereses en juego en la aplicación de inteligencia artificial que puedan proveer de insumos concretos al legislador que se materialicen en normas por ejemplo, en el campo del derecho de la competencia, en el derecho contractual o el derecho al consumo.

d) Problemas jurídicos concretos de aplicación de la inteligencia artificial

El cuarto eje regulatorio parece aún más tímido y menos sólido que los tres anteriores y se refiere a tópicos definidos  en ciertas áreas específicas del ordenamiento jurídico como la propiedad intelectual y la responsabilidad civil que han generado discusiones preliminares pero están lejos de arrojar conclusiones o resultados regulatorios o normativos concretos.

• La problemática sobre la creatividad de las máquinas y su reconocimiento como titulares de derechos ha generado inquietud en la comunidad de interesados en los activos intangibles incluid llegando a actores tan relevantes como la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de America que llevó a cabo una consulta pública al respecto. 
• La capacidad de sistemas de información de producir daños resarcibles no puede dejar de lado que encuentra al derecho de la responsabilidad en un momento histórico donde se sabe que el rol de la reparación integral de la víctima supera con creces la discusión respecto sobre la cualidad y calidades intrínsecas y extrínsecas de los sujetos activos sean estos humanos o máquinas. Tampoco se debe hacer caso omiso a la discusión tradicional en tecnología y derecho encaminada a definir el alcance del principio de precaución como límite a los desarrollos tecnológicos.

Al final, sin que pueda referirse a conclusiones bajo el panorama descrito se pueden seguir rutas regulatorias y normativas como las descritas que nos plantean =como el título de este artículo lo menciona- apenas esquicios que deberán completarse en la medida que avance la realidad concreta de productos y servicios vinculados a la inteligencia artificial así como efectos tangibles y problemas jurídicos concretos por resolver.