En justicia digital, mi voto es por…

Los colombianos estamos ad portas de tomar una decisión trascendetal: la elección del Presidente de la República para el período 2022-2026. Sin embargo, en nuestra elección como ciudadanos, solemos guiarnos por intuición, por cómo nos caen o por cómo juzgamos el carácter o el talante de los candidatos.

Un poco de análisis crítico nos debería lleva a revisar con especial cuidado sus programas de gobierno. Finalmente, los programas son los que indican quién reformará, dará continuidad o, en su defecto, suspenderá o ralentizará los programas y políticas nacionales.

Siendo un entusiasta de la tecnología aplicada a la justicia, en esta oportunidad quiero presentarles mi análisis sobre las propuestas de los candidatos en torno al uso de la tecnología para optimizar el sistema judicial, lo que se conoce como justicia digital.

Y no se trata de un tema menor en el ámbito nacional. Si bien el avance tecnológico de las últimas décadas se ha visto reflejado en la mayoría de las áreas de desarrollo del país (acceso a internet, gobierno digital, sistemas de información, recaudo electrónico y un largo etcétera), no en todas se ha implementado con la misma velocidad. Tal es el caso de la administración de justicia.

 

LO QUE ESTÁ SOBRE LA MESA

Para realizar este análisis, con los estudiantes de la intensificación en Diseño de Solución de Disputas que dictamos conjuntamente con el profesor Luis Alfonso Gómez, tanto en pregrado como en la Especialización en Innovación Legal ofrecida por la Universidad Externado de Colombia, asistimos al debate de candidatos que se hizo en la Universidad Externado el pasado 29 de marzo de 2022. Luego, programas en mano, nos preguntamos si los candiatos proponían la implementación de mecanismos tecnológicos que permitieran modernizar, actualizar y agilizar todo el entramado que entorpece hoy en día el sistema de resolución de conflictos en nuestro país.

Veamos los candidatos más opcionados:

• Petro y el acceso expedito

El candidato Gustavo Petro[1] propone el fortalecimiento de la justicia por medio de la tecnología y uso de los métodos de resolución de conflictos dentro del “acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial”[2].

Sin embargo, sobre esta propuesta no se profundizó en su Plan de Gobierno.

• Fico y la transformación digital

El candidato Federico Gutiérrez[3] propone un Plan de Transformación Digital para la Rama Judicial, el cual busca centrar el acceso a la justicia por medio de un contacto y un reparto de los procesos centrales para generar equilibrio en los procesos. También busca aumentar la interacción digital entre las partes dentro del proceso y en consecuencia, en las audiencias.

Propone implementar la interoperabilidad entre los operadores de la justicia (como las Comisarias de Familia y Superintendencias) y las entidades públicas, y modernizar el sistema de información del sistema de justicia.

• Rodolfo y las TIC

El candidato Rodolfo Hernández dedica un acápite a la utilización y desarrollo de las TIC. Para lograr la “urgente modernización del Estado”, menciona una “revolución digital”, así como la necesidad eliminar los trámites innecesarios y la duplicidad de muchas de las exigencias para acceder a los servicios del Estado.

Sin embargo, no indica propuestas precisas sobre la implementación de justicia digital.

• Fajardo y la digitalización

El candidato Sergio Fajardo[4] propone el fortalecimiento de la digitalización de los procesos judiciales. Esta propuesta se desarrollaría subiendo a la red los procesos judiciales, las agendas y los repartos de los casos, mediante el trabajo conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura.

El candidato presentó una proyección del 100% de los despachos virtuales para el final del cuatrienio. Para esto, toma como base el Documento Conpes 4024 de 201 sobre Justicia Digital

Asimismo, el candidato Sergio Fajardo[5] enfatiza la promoción de litigios en línea. Su propuesta impulsa el crecimiento del acceso a internet en todos los sectores de Colombia y plantea el uso de Legal App como un sistema de consultas gratuito y abierto, donde se abordará el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Adicionalmente, propone el uso del procedimiento de conciliación virtual. Este procedimiento se desarrollaría tomando las experiencias dadas por el confinamiento en el marco de la pandemia por Covid-19 para lograr la prestación de un servicio eficaz y eficiente.

• Íngrid y la reforma de la justica

Como tercer eje en materia de reforma a la justicia, la candidata Íngrid Betancourt propone su digitalización. Esto se lograría mendicante la centralización de la información judicial en un único sistema, consolidado en una dirección especial del Ministerio que dependa directamente del jefe de la cartera.

Además, propone la permanencia del Decreto 806 de 2020, mejorar los sistemas de información de la Rama Judicial y acelerar de la implementación de expediente electrónico.

Por último, digitalizar el proceso de denuncia a través de la creación de una aplicación que permita hacer seguimiento y que esté directamente articulado con la policía judicial y con la Fuerza Pública.

 

Pasada revista, aunque todavía no es un tema de completa relevancia entre los candidatos y los sufragantes, los que lo mencionan coinciden en la necesidad de implementar tecnología en la justicia.

 

UN POCO DE SANA CRÍTICA

Ahora analicemos críticamente las propuestas una a una:

• ¿Petro histórico?

Sobre la propuesta de Petro no hay mucho qué decir.

Recurre a los lugares comunes de promover los metodos alternativos de solución y el uso de la tecnología. Sin embargo, no hay nada concreto ni novedoso frente a lo que se viene proponiendo en Colombia desde los años noventa.

Parece que la propuesta de Petro es histórica en cuanto repite fórmulas vagas de finales del siglo pasado.

• ¿Con Fico me identifico?

El plan de Federico Gutiérrez es un poco más intersante pues apunta al uso de medios electrónicos en el ámbito judicial. El candidato propone que los intervinientes procesales adelanten sus comunicaciones y  actuaciones a través de la tecnología.

El reparto centralizado también reconoce que, si se concibe la justicia como servicio, el factor de competencia territorial deviene menos relevante. Por el contrario, si la justicia se presta en línea, puede prestarse perfectamente desde cualquier lugar del país.

Sin embargo, el plan de Fico no trasciende del uso de medios electrónicos al uso de plataformas de de resolución ectrónica de controversias (REC o, en inglés, Online Dispute Resolution, ODR). El uso de plataformas y digitalización va más allá. Es el diseño y provisión de soluciones pensadas en la solución pronta y efectiva de las controversias de los ciudadanos. En otras palabras, diseño legal aplicado al sistema judicial.

En fin, la ‘transformación digital’ de Fico parece no ir mucho más allá del uso de Zoom para audiencias y de correo electrónico para notificaciones.

• El ingeniero ¿mucho tik tok y poca justicia?

El ingeniero Rodolfo no dedica ninguna parte de su programa a la digitalización de la justicia.

De alguien tan entusiasta en las redes sociales, uno esperaría un poco más de atención a las carencias digitales de la justicia, pero ni siquiera aborda esta problemática.

• Fajardo: ¿frío o caliente?

El programa de Fajardo tiene el beneficio de, por lo menos, haber estudiado el estado del arte en la materia, así como las políticas vigentes expedidas por el gobierno (Documento Conpes 4024 de 2021). Pareciera que el candidato quisiera construir sobre lo construido.

Además, Fajardo es el único que profundizó en su plan de gobierno en el tema de la justicia digital. La promoción de la digitalización de los procesos y la masificación de Legal App van en la misma dirección de la política judicial contemporánea, tal como la promueven el Banco Mundial y la OCDE.

Fajardo también se siente muy conectado en materia de digitalización integral. Al hablar de conciliación digital y promover los litigios en línea apunta al uso de plataformas que permitan llevar en línea de inicio a fin los procedimientos judiciales.

Para mi gusto, en cualquier caso, Fajardo pudo ser más explícito con el uso de las plataformas de ODR. La conciliación virtual es muy positiva, pero no puede quedarse en el uso de videoconferencias sin lograr automatización y simplificación a través de inteligencia algorítmica.

• Íngrid: ¿justicia liberada?

La propuesta de Íngrid es interesante: incluye un mejor sistema de información, generación de aplicativos de denuncia y continuidad del uso de medios electrónicos en la rama judicial.

Todo lo anterior es loable, pero, como ya se ha dicho, la solución debe ser más integral. No se trata de digitalizar la información o seguimiento del proceso judicial, sino de implementar todo el trámite a través de una plataforma.

 

Y EL GANADOR ES…

Dicho todo lo anterior, puedo decir -sin tibiezas- que mi voto en justicia digital es por Fajardo.  En mi opinión, él presenta la propuesta en esta materia más completa y mejor estructurada entre los contendores.

De todas formas, esperemos que quien finalmente se posesione como presidente o presidenta realice una transformación de la justicia de la mano de plataformas de ODR y el acceso masivo a la rama judicial a través de la tecnología.

Ahora invito al lector a formular su voto basado en propuestas y no en emociones. ¿Ya hizo usted un análisis crítico de las propuestas de los candidatos en el tema que más le interesa?

** Abogado externadista con maestrías en Derecho y Economía Global de la Universidad de Nueva York (NYU) y Derecho Internacional y Comparado de la Universidad Nacional de Singapur (NUS). Actualmente se desempeña como CEO de Redek, socio de la firma Rincón Cuéllar & Asociados y docente de la Especialización en Innovación Legal. Centra su práctica en las áreas de Legaltech, ODR y comercio internacional. Gran parte de su carrera se ha dedicado a promover el uso de la tecnología en la justicia y el arbitraje.

[1] PETRO G. Plan de Gobierno.

[2] PETRO, G. Plan de Gobierno. Página 46.

[3] GUITIERREZ F, Plan de Gobierno. Página 20.

[4] FAJARDO S. Plan de Gobierno. Página 6.

[5] FAJARDO S. Plan de Gobierno. Página 6.