Jhon Camargo – Director (e) de la ANDJE: el Externadista que lidera la defensa de Colombia en varios frentes contenciosos, incluyendo el de inversiones extranjeras y la reciente victoria del Estado en el caso “Meritage”

El Departamento de Derecho de los Negocios tuvo la oportunidad de entrevistar al doctor Jhon Camargo – Director (e) de la ANDJE respecto de la reciente victoria del Estado en el caso “Meritage”

Colombia ha tenido un buen esquema de defensa en arbitrajes de inversión, con muchos casos ganados y uno que otro perdido. Pero la más reciente victoria en el caso denominado “Meritage” ha sido catalogada no solo como una victoria para el Estado colombiano, sino para el derecho internacional general. ¿Podría contarnos un poco sobre el caso “Meritage”?

El caso denominado Meritage es el arbitraje iniciado por Ángel Samuel Seda y otros inversores contra Colombia. Este caso representaba una disputa crítica para el Estado colombiano ante el CIADI y gira en torno a la legalidad de las medidas adoptadas por las autoridades colombianas respecto al proyecto inmobiliario “Meritage”, un mega proyecto inmobiliario en una zona exclusiva cerca de Medellín. Los inversores extranjeros argumentaron que las acciones de la Fiscalía General de la Nación, incluyendo el procedimiento de extinción de dominio sobre el terreno adquirido, violaron estándares internacionales de protección de inversiones, específicamente los establecidos en el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos. Colombia, por su parte, defendió que las medidas tomadas fueron legítimas, no violaron el derecho internacional, no constituyeron una expropiación indirecta, ni un trato discriminatorio, y se llevaron a cabo conforme a la legislación nacional y los principios del debido proceso.

En este contexto, la controversia no solo se centra en la legalidad de las acciones estatales, sino también en la interpretación y aplicación de los estándares internacionales de protección de inversiones, lo que tiene implicaciones significativas para futuras inversiones extranjeras en Colombia y para la soberanía del Estado en temas regulatorios y de diseño de políticas públicas. La decisión final del Tribunal de acoger la excepción de seguridad esencial presentada por Colombia representa un precedente único en el ámbito del arbitraje internacional de inversiones, siendo la primera vez que un Tribunal internacional respalda una medida de seguridad esencial de un Estado para rechazar reclamos de inversionistas.

Adicionalmente, ahorramos a los colombianos el pago de una cifra por encima de los US $300 millones, incluyendo intereses reclamados. El Tribunal determinó que las acciones de extinción de dominio iniciadas por Colombia sobre el proyecto inmobiliario “Meritage” en Envigado fueron legítimas y estuvieron justificadas por la protección de intereses fundamentales del Estado, particularmente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Con este fallo, se refuerza la capacidad de los estados para regular en función de sus intereses de seguridad nacional, asegurando un marco legal claro para futuras controversias de inversiones y dejando claro que el arbitraje de inversión no puede instrumentalizarse para promover actividades delictivas.

¿Qué impacto tiene este laudo para Colombia y por qué se considera un avance?

En línea de lo que venía diciendo, este laudo representa un avance significativo para Colombia por varias razones.

En primer lugar, y desde la perspectiva internacionalista, confirma la capacidad del Estado para invocar la excepción de seguridad esencial en arbitrajes internacionales, estableciendo un precedente robusto que fortalece la soberanía del Estado en la regulación de sus políticas públicas, derechos y mercados internos, y la protección de intereses fundamentales como la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado.

En segundo lugar, al rechazar los reclamos de los inversores extranjeros sobre presuntas violaciones de los estándares de protección de inversiones, el laudo respalda la actuación legal y reguladora de Colombia, su soberanía a través de la cual asegura un entorno jurídico más predecible, seguro y confiable para futuras inversiones legales. En otras palabras, se reitera que Colombia es un Estado de derecho en todo el sentido de la expresión.

Además, este fallo histórico posiciona a Colombia como un defensor eficaz del sistema de arbitraje de inversiones, reforzando su legitimidad y credibilidad internacionalmente. En última instancia, el laudo subraya la importancia de la transparencia y el debido proceso en las decisiones estatales, ofreciendo un marco claro para la resolución de disputas de inversión que promueve la estabilidad jurídica y económica del país.

¿Podría describir la colaboración del equipo interno de trabajo de la ANDJE con la firma Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes, más conocida como GBS para ejercer tan exitosa defensa?

El equipo de defensa jurídica en este caso fue fundamental para el éxito de Colombia ante el Tribunal arbitral del CIADI. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia desplegó un equipo altamente especializado que incluyó abogados de su Dirección de Defensa Jurídica Internacional, encargados de preparar y presentar la defensa del Estado colombiano tanto en los aspectos puramente internos como en los aspectos internacionales. Este equipo estuvo compuesto de diferentes personas, según los distintos momentos de la Agencia, pero básicamente, Ana María Ordoñez, en su calidad de ex Directora Internacional lo lideró hasta su retiro, Giovanny Vega, actual Director (e) de Defensa Internacional, Juana Martínez, Mariana Reyes y varios miembros del Equipo técnico, sin hablar de los Directores Generales de la Agencia que me han precedido. Esto demuestra no solo lo largo de estos cargos, sino la capacidad de la Agencia para mantener una defensa sólida más allá de las individuos que la componen. El conocimiento y las buenas prácticas que cada uno de nosotros impregnamos en lo que hacemos queda y trasciende, lo que hace que esta sea una institución fuerte y respetada a nivel nacional e internacional.

Este equipo in-house colaboró con la firma internacional GBS Disputes, específicamente con las socias Yas Bnifatemi y Ximena Herrera, quienes asumieron el reto de preparar la defensa del Estado colombiano, inclusive después del trágico fallecimiento del profesor Emmanuel Gaillard que conmovió toda la comunidad arbitral internacional.

Esta combinación de un Equipo altamente técnico y profesional interno unido a abogados externos ultra especializados en disputas arbitrales internacionales, se destacó por su habilidad para articular argumentos legales sólidos que demostraron la legitimidad de las acciones del Estado colombiano en el caso “Seda y otros v. Colombia”. Esto incluyó la preparación exhaustiva de evidencia legal, análisis detallados de la legislación nacional e internacional aplicable, así como una estrategia meticulosa para rebatir los reclamos de los inversores extranjeros.

La colaboración efectiva entre los abogados internos de la ANDJE y la firma GBS Disputes fue crucial, permitiendo un enfoque integral que abarcó tanto los aspectos técnicos del derecho internacional como las complejidades del contexto nacional colombiano. Gracias a esta articulación estratégica y técnica, el equipo logró obtener un resultado favorable para Colombia y una decisión que pasará a la historia del derecho internacional de inversiones.

En relación con el laudo, parece que Colombia enfatizó ciertos aspectos procesales y sustanciales de manera insistente. ¿Por qué es crucial esta perspectiva y qué implicaciones tendría de no ser así en términos de inversiones ilícitas?

El laudo, que aún está sometido a reserva, en el caso “Seda y otros v. Colombia” refleja un claro énfasis en la importancia de la excepción de seguridad esencial que invocó Colombia. Esta excepción fue fundamental para el fallo del Tribunal arbitral, ya que determinó que las medidas adoptadas por Colombia, incluyendo la extinción de dominio sobre el proyecto inmobiliario “Meritage”, estaban justificadas por la necesidad de proteger intereses fundamentales del Estado, como la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado.

Colombia presentó pruebas de que existía un proceso penal interno e insistió en ese punto, para consolidar la argumentativa de que permitir que en el arbitraje de inversiones se hicieran prevalecer los intereses del inversor sobre tales medidas de seguridad esencial significaría fomentar inversiones que se originen en actividades ilícitas, lo cual es contrario a toda norma de derecho, sea interna o internacional. Esto no solo tendría implicaciones negativas para la integridad del sistema financiero colombiano, sino que también socavaría los esfuerzos del Estado por combatir el crimen organizado y promover un ambiente de inversión seguro y transparente.

Por lo tanto, el laudo no solo resolvió la disputa específica entre los inversores extranjeros y Colombia, sino que también envió un mensaje claro sobre la prioridad de la seguridad nacional y la legalidad en las inversiones extranjeras. Este enfoque reafirma el compromiso de Colombia con prácticas regulatorias sólidas y la protección de sus intereses soberanos en el contexto de las disputas internacionales de inversiones.

Finalmente háblenos de usted, el hombre de leyes que hoy recibe este triunfo de Colombia. Cuéntenos ¿Quién es John Camargo, cuál es su trayectoria en la ANDJE y cuáles son sus perspectivas para la defensa internacional bajo su dirección?

Para ponerlo muy simple, yo ingresé a la Agencia en el 2012 cuando arrancó tras su creación en el 2011 y he pasado por variedad de cargos y de posiciones. Estamos hablando de 12 años, es decir gran parte de mi vida profesional. Soy abogado externadista, especializado en derecho de la empresa de la Universidad del Rosario y Magister en administración de empresas del Externado. Esto hace que mi dirección sea una con un manejo altamente técnico de la entidad, pero también con una capacidad gerencial y ejecutora que implica este tipo de cargo. Conozco la ANDJE como la palma de mi mano, conozco sus gentes, sus colaboradores y busco siempre fomentar un espíritu colaborativo, de aprendizaje mutuo y de confianza que permita obtener los mejores resultados en la defensa de los intereses del Estado.

Es bajo estos pilares y esta política gerencial que he venido ejerciendo mi rol actual de Director (e) y que seguiré haciéndolo hasta que me retire del cargo, por lo que le espera a la defensa internacional de la ANDJE, como a la defensa interna, y al equipo de diseño de políticas públicas en la prevención del daño antijurídico, es una continuidad en los procesos adquiridos que nos han dado buenos resultados y la implementación de políticas y estrategias para mejorar y ofrecer un mejor servicio mientras defendemos los intereses públicos y del Estado.

---

*Abogado de la Universidad Externado de Colombia con experiencia en la resolución de disputas a nivel nacional e internacional. Asistente de Investigación de la Línea de Contratación y Resolución de Controversias Internacionales del Departamento de Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Contacto: LinkedIn