Estamos ante un típico conflicto de la Sociedad de la Información o de la Economía Digital. Varios extremos en contradicción: lo viejo v. lo nuevo; lo analógico v. lo digital; la inercia v. lo disruptivo; Silicon Valley v. el resto del mundo; la creación v. la tradición.
UBER es una plataforma tecnológica que puede servir de soporte para la prestación del servicio público individual de pasajeros en la modalidad “de lujo”, recientemente reglamentada. No obstante, según el Decreto que se analiza, esta plataforma no podría operar directamente poniendo en contacto al usuario con el tercero proveedor del servicio, pues debe haber una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en la modalidad de transporte individual de pasajeros quien lo haga.
El título de este artículo no implica ni mucho menos que respaldemos la ilegalidad o falta de cumplimiento legal de la popular aplicación. Todo lo contrario, más bien llama la atención respecto de la necesidad de una acción coherente y consecuente del Estado colombiano para respaldar el uso de las tecnologías de la información en actividades comerciales lícitas.
Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 3, Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en los niveles básico y de lujo
