La importancia del Comercio Global y los Tratados de libre han tomado importancia en los últimos años, actualmente Colombia cuenta con más de 17 acuerdos comerciales con diferentes países los cuales no se han aprovechado de la mejor forma debido al desconocimiento de las herramientas para promover las inversiones y exportaciones, prueba de este desconocimiento es que las exportaciones desde el 2012 hasta 2016 han caído en 48% según el DANE.
La Universidad Externado de Colombia se complace en informar que la doctora Diana Correa, PDH en Derecho Internacional Público en Paris II (2012) de la Universidad Pantheón Assas y coordinadora de las II Jornadas de Arbitraje: aciertos, desaciertos y desafíos de la ley 1563, se presentará el próximo viernes 25 de agosto en el desayuno: «El rol de los mecánicos alternativos de solución de controversias en la era del postconflicto»
Sobre la noción de inversión mucho se ha dicho. Y no es para menos, sobre todo si se tiene en cuenta que de ella misma depende que estemos ante un arbitraje, valga la redundancia, de inversión o ante uno puramente contractual. Los debates se han centrado particularmente en la cuestión de determinar si la inversión debería ser entendida como una noción independiente con un contenido autónomo, o al menos unas características propias, a lo acordado por las partes en sus tratados, o, si la simple definición contenida en estos últimos debería ser suficiente para identificarla.
El crecimiento del negocio de la franquicia ha sido extraordinario en Colombia. Según la Cámara Colombiana de Franquicias “Desde 2003 inició una evolución importante en Colombia, al arrancar con 103 marcas hasta alcanzar las 450 redes que existen actualmente. Así mismo, las unidades de negocios también demuestran ese nivel de expansión, al pasar de 3.000 a 9.300 hoy, lo que demuestra el alto interés por este concepto”
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La sanción impuesta por el Tribunal de Arbitramento de la Nación obliga a los operadores celulares Comcel S.A., y Telefónica Movistar S.A., a pagar cerca de 4.8 billones de pesos al Estado por incumplimientos en la prestación de los servicios de telefonía móvil.
