La sanción impuesta por el Tribunal de Arbitramento de la Nación obliga a los operadores celulares Comcel S.A., y Telefónica Movistar S.A., a pagar cerca de 4.8 billones de pesos al Estado por incumplimientos en la prestación de los servicios de telefonía móvil.
En el derecho internacional privado se ha aceptado que el respeto de los instrumentos suscritos por los países y de los compromisos adquiridos en virtud de éstos, constituye la base fundamental de las relaciones internacionales, que genera seguridad, confianza y paz en la comunidad internacional, debiendo primar los principios de pacta sunt servanda y de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados, reconocidos en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual es signataria Colombia, en el artículo 17 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, considerados plenamente constitucionales (C-400 de 1998).
La amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual un tercero imparcial (amigable componedor) toma la decisión sobre un conflicto en virtud de un mandato que le ha sido otorgado por las partes en controversia.
Dentro de las sociedades comerciales pueden presentarse controversias respecto a la eficacia, nulidad o inoponibilidad de decisiones tomadas en asambleas o juntas de socios, las cuales son susceptibles de ser impugnadas. Sin embargo, el artículo 194 del código de comercio que tenía como no escrita la cláusula arbitral pactada en los estatutos sociales y establecía a la jurisdicción ordinaria como la única competente y juez natural de este tipo de controversias fue derogado por la Ley 1563 de 2012.
La ley 1563 de 2012 contempla en su artículo 117 la figura del arbitraje social. Esta figura, para muchos, sui generis, es una de las más notables expresiones del derecho de acceso a la administración de justicia, permitiendo que cada vez más personas y empresas accedan a la prestación gratuita de servicios en resolución de controversias de hasta cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv).
